“El servicio eléctrico se catalogó como una actividad esencial. Teníamos que dar soporte a los hogares convertidos en lugar de trabajo para muchos empleados por cuenta ajena, a los hospitales, a las empresas que seguían operando durante el estado de alarma, a los supermercados... y a un largo etcétera. Hemos estado detrás de todos ellos. No podíamos fallar. Hubiera sido una debacle esta crisis”. Así de contundente se mostró Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica, Aelec, en la primera conferencia virtual sectorial celebrada el pasado miércoles.

Las grandes empresas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo) han tenido al 70% de sus plantillas teletrabajando y al 30% in situ en las centrales, pero doblando equipos y con brigadas separadas para evitar contagios entre sus empleados.

“Los primeros días que se incrementaban las muertes de forma muy rápida tuvimos temor de bajas por contagios en nuestro personal esencial. De ahí que tuvimos que poner en marcha actividades defensivas, como brigadas escalonadas, desdoblamientos de equipos...”, apunta Marcos Antuña, director de proyectos

de EDP.

En la misma línea se mostró Antonio Espinosa de los Monteros, consejero delegado de la filial de distribución de Iberdrola. Las empresas tuvieron que moverse con sus proveedores internacionales para adquirir mascarillas y equipos de protección individual (EPI). “Fue una selva ese mercado, pero pudimos adquirir equipos para nuestras plantillas e incluso para donar a la Administración”, asegura el directivo de Iberdrola.

“En nuestro caso –señala Raúl Suárez, director de redes eléctricas en Naturgy– el 97% de los empleados han trabajado en remoto y hemos tenido a más de 1.000 personas en campo para garantizar el suministro”.

Los directivos del sector eléctrico consideran que nos encontramos “al final del principio”. ¿Por qué? Porque la crisis de la Covid -19 va a conllevar más electrificación. Para Juan José Alba, director de regulación de Endesa, “esta crisis sanitaria va a traer una crisis económica considerable y las empresas eléctricas tenemos que apoyar y promover actividades acelerando inversiones”.

Se trata de un sector que emplea a 180.000 personas entre empleos directos, indirectos e

inducidos y aporta un 0,8% del PIB (9.958 millones de euros) en España.

“El marco europeo y español normativo tienen que ser palancas para que en la nueva fase aceleremos inversiones y apoyemos a las cadenas de suministro”, defiende Espinosa de los Monteros.

“Hemos vivido días de un mercado tensionado eléctrico”, enfatiza Gonzalo Olaso, director de tecnología de Viesgo.

La nueva etapa es una oportunidad para “profundizar más en la digitalización”, afirma Espinosa de los Monteros.

Un total de 89.000 empresas y autónomos han solicitado a sus compañías eléctricas rebajar la potencia eléctrica para reducir la factura. Esta posibilidad la habilitó el Gobierno central en el real decreto 11/2020. Tanto la bajada de potencia como la vuelta se hace efectiva sin coste alguno. El 90% del ahorro generado por esta medida corresponde a 11.700 grandes empresas industriales, cuya tarifa se encuentra entre 3.1A y 6X, según El Confidencial. Es decir, son grandes consumidores industriales. El 10% restante son pequeños negocios que cuentan con la tarifa 3.0 y autónomos. Las grandes y medianas empresas pueden reducir sus costes con esta medida entre 130 y 1.000 euros. Mientras que los autónomos pueden reducir su factura entre 10 y 50 euros al mes en función del consumo, según los datos que barajan las distribuidoras. El real decreto recoge que si esta medida llegase a generar déficit eléctrico, se sufragaría con los presupuestos del 2020. El sistema eléctrico lleva desde el año 2013 sin generar déficit de tarifa.