Más allá de los avances que se han dado en el proceso de transición energética, incorporando energías renovables no convencionales (solar y eólica), el Gobierno se alista a poner en marcha varias de las recomendaciones de la Misión de Transformación Energética (MTE) para los mercados de energía eléctrica y gas, relacionadas con el fomento de la competencia, la llegada de nuevos agentes, la vigilancia de la formación de precios y el desmonte de la llamada integración vertical.
Bajo este último esquema, desde la expedición de la ley de servicios públicos se permitió mantener, con límites y restricciones, que la generación, comercialización y distribución del servicio, en especial el de energía, las hicieran empresas afines a un mismo grupo.
Pero tras revisar las 515 recomendaciones del grupo de expertos, agrupadas en cinco focos, el Ministerio de Minas y Energía definió y priorizó recientemente las 43 acciones que buscará adelantar en 2021 y 2022 (corto plazo).
Entre las más importantes para los consumidores se destacan los pasos para buscar la desintegración vertical de la cadena generación-comercialización-distribución, con acciones claras de política pública.
En este sentido, el documento con los informes de la segunda fase de la MTE, que el Ministerio publicó en febrero para consulta del mercado y la ciudadanía en general, señala que durante este año y el 2022 se introducirá una modificación en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía (decreto 1073 de 2015), para asignarle a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tareas concretas en este sentido.
Puntualmente, por decreto la Creg quedará con la obligación de hacer un análisis de impacto normativo (AIN) con el fin de evaluar las alternativas para introducir dicha desintegración vertical de las actividades reguladas (mercado de hogares) y las actividades en competencia, en energía eléctrica y gas combustible.
“Dicho análisis buscará evaluar las alternativas para introducir reglas de desintegración vertical entre actividades en competencia, respecto de aquellos prestadores que tengan posición dominante en alguno de estos”, indica este punto.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), considera que más que una desintegración per se, los objetivos de competencia pueden lograrse a un menor costo para la sociedad a través de la estructura actual de mercado, ajustando la regulación y los mecanismos de control y vigilancia.
Revolcón en distribución
En forma paralela, el Ministerio de Minas y Energía priorizó las acciones para darle un vuelco al papel de la distribución de energía, para que agentes actuales como Codensa, Empresas Públicas de Medellín, Afinia, Air-e y Celsia, entre otros, se conviertan en Operadores de los Sistemas de Distribución (OSD) y tengan como obligación promover y ordenar la competencia de los llamados recursos energéticos distribuidos (Ders, por sus siglas en inglés), es decir, las fuentes de autogeneración renovable de pequeña y mediana escala (solares) y el almacenamiento de energía, entre otros, ubicados cerca de los centros de consumo.
Y, dado que se trata de evitar que en el futuro haya agentes dominantes de estos nuevos mercados, que son el futuro de la transformación energética, el documento indica que dentro de las modificaciones del decreto se dejen claros los lineamientos en esta materia y en cuanto a la gestión eficiente de la energía.
Para ello, una acción de política ya priorizada y definida consiste en que la Creg actualizará la regulación para que exista, entre otros, una desintegración vertical que garantice que el distribuidor no pueda prestar servicios en su área de influencia con recursos energéticos distribuidos, y para que la adquisición, operación y mantenimiento de estos se realicen mediante plataformas transaccionales y/o subastas distribuidas de servicios de red que promuevan la competencia y la participación de nuevos agentes en el mercado.
José Plata, socio director de MarkUp Consultores, explica que esta señal dada por la Misión, y que acogió el Gobierno, se aplicaría al mercado regulado (hogares) y al no regulado (empresas e industria). Por ejemplo, si Empresas Públicas de Medellín (EPM) quiere entrar a la generación distribuida instalando paneles solares, podrá hacerlo, pero en mercados como Bogotá.
El objetivo es que no haya una concentración de estos mercados que se traduzca en precios ineficientes o altos de la energía proveniente de los Ders.
Al respecto, Manzur sostuvo que los operadores están listos para enfrentar los retos de la transición energética, en su nuevo rol de operadores de un sistema transaccional, donde la complejidad será mucho mayor por el número y la diversidad de agentes que participarán.
El directivo recalcó que los sistemas de medición inteligente (AMI) serán la gran plataforma que todos podrán usar, por lo cual los distribuidores pueden y deben participar en las nuevas actividades del mercado.
Igualmente, se priorizó, como ya está en marcha, emitir una resolución para estandarizar las condiciones de mercado para prestar el servicio de carga de los vehículos eléctricos.
Lupa a la formación de precios
Otra de las recomendaciones priorizadas por el Ministerio de Minas y Energía es una ley para fortalecer a la Superintendencia de Servicios Públicos, a fin de que exista un área en la entidad que vigile y verifique la formación de precios en el mercado mayorista (generadores), y crear un autorregulador del mercado de energía eléctrica y de gas natural.
En el organismo de control se ha tenido la intención de monitorear el comportamiento de los agentes, pero la entidad no tiene el músculo para hacerlo.
Y, adicionalmente, se impulsará por ley la creación, dentro de la Superservicios, del Centro Nacional de Monitoreo del Mercado Mayorista (CNM), con personal de planta, cuya función será el monitoreo en tiempo real de este mercado.
“Dicho cuerpo, con asistencia de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), debe crear un estándar para poder configurar el abuso de posición dominante, así como el de manipulación de precios”, señala el documento.
Según José Plata, socio director de la firma Mark Up Consultores, hoy en día las superintendencias no tienen los recursos humanos ni técnicos para hacerles seguimiento día a día los riesgos de manipulación de precios en bolsa.
Asimismo, el Gobierno le apunta a que entre 2021 y 2022 se expida una ley que modifique la ley de servicios públicos, para que la capacidad de sanción de la Superservicios suba a 100.000 salarios mínimos (actualmente, 90.852 millones de pesos) para personas jurídicas y hasta 1.500 salarios mínimos para personas naturales (1.362 millones de pesos).
FUENTE: EL TIEMPO