La idea inicial del Gobierno de abrir una subasta de energía para que las fuentes renovables hicieran parte de la matriz de generación “se diluyó” y terminó por incluir en el proceso competitivo a las convencionales.

Este hecho puede llevar a que las iniciativas eólicas y solares, corran el riesgo de no tener el papel relevante en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Las afirmaciones son de Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), quien, en diálogo con Portafolio, expone las inquietudes y dudas que este sector tiene sobre la subasta programada el próximo 2 de enero.

¿Cuál es la principal observación que hacen a la próxima subasta de energía?

La próxima subasta de energía la vemos muy impuntual. Para la mayoría de las compañías del sector no hay igualdad de condiciones para participar en este proceso competitivo. Y los contratos que se están proponiendo no son viables desde el punto de vista financiero. Para los bancos no es clara la garantía y el riesgo.

¿Cómo analiza SER Colombia la próxima subasta de energía?

Es el puente para que entren las energías renovables a la matriz. Pero, como está diseñada la subasta, inquietan muchas variables que podrían llevar el proceso al fracaso. El concurso no está orientado únicamente a energías renovables, y pueden participar las fuentes convencionales, aunque los criterios de clasificación le dan espacio a las renovables no convencionales.

¿Cuál es el malestar de este proceso competitivo para el sector?

El borrador de decreto que actualmente está en la fase de comentarios lo hemos puesto a consideración de varias entidades bancarias del país y del exterior, y han coincidido en señalar que no es viable financieramente. La razón es que no están definidos los riesgos, porque los contratos no cumplen con las normas crediticias internacionales. Así, para una entidad bancaria es difícil definir las tasas para extender una obligación financiera.

¿A quién terminaría por afectar esto?

Esto se convierte en una desventaja para aquellas empresas nuevas que quieren entrar al negocio. Nuevos actores que necesiten recurrir a la financiación para apalancar sus proyectos no podrían acceder a los créditos.

¿Cuáles son los puntos del borrador de decreto que generan malestar en el sector?

Primero, el plazo de 10 años es muy corto, más para recuperar la inversión. A esto se suma que los bancos si desembolsan los créditos, lo hacen con unas tasas altas, precisamente por lo corto del tiempo. Segundo, los riesgos como contraparte en estos contratos y por el esquema de la subasta, permiten que el ganador firme convenios de venta con los comercializadores que participen y que ofrezcan precios superiores. Puede suceder que la contraparte sea una empresa de alto riesgo.

Tercero, el comprador puede retirarse en cualquier momento, solo basta con anunciar su decisión con cuatro meses de antelación, lo que en los bancos genera desconfianza. Cuarto, las garantías no son claras, ni suficientes, por parte de los compradores para poder garantizar el pago.

¿Cuáles son las observaciones técnicas que le hacen a la subasta?

En este tema también se restringe mucho la participación. Se exige que esté aprobada la conexión, y que se dé antes de la entrada en operación del proyecto. Esto deja por fuera a una cantidad de iniciativas que están listas para ingresar, pero que quedarían en el limbo, ya que el proceso para conseguir este aval es largo.

Las críticas han sido más puntuales en el tema de la transmisión...

Para sacar la energía desde las plantas eólicas ubicadas en el departamento de La Guajira hacia el interior del país se necesita de la presencia de refuerzos de transmisión. Existen proyectos como Colectora 1 y Colectora 2, entre otros, de los cuales la Upme ha hecho la convocatoria. Sin embargo, estas iniciativas van a entrar en operación seis meses después de la fecha establecida para comenzar la transmisión de energía.

¿Cuáles serían las consecuencias?

Al restringir la posibilidad de oferta, puede suceder que no haya subasta. Y si hay el proceso competitivo, esto quedará en manos de las empresas de generación que ya existen. Y las empresas extranjeras que están interesadas en invertir sus capitales para desarrollar proyectos de generación no convencional desistirían.

¿Cómo analizan la subasta por el lado de la demanda?

No hay un trabajo pedagógico que explique cómo sería su participación. Y como es voluntaria la subasta, puede suceder que los comercializadores se abstengan de participar. Y es claro que si no hay demanda, no hay subasta.

¿A la medida de quién está hecha la subasta?

Lo que podría pasar en el mejor de los casos es que solo participen empresas existentes que tienen capacidad de respaldo, que pueden financiarse con créditos corporativos y recursos propios. Pero para plantas, proyectos y agentes nuevos, reitero, la participación va a ser muy complicada.

La subasta, como estaba proyectada, era para darle cabida a las energías renovables no convencionales en la matriz...

La subasta ya no es para energías renovables no convencionales. Es abierta y pueden participar todos los generadores. La preocupación es que las plantas existentes en el sistema, y que no le aportan complementariedad a la matriz, desplacen a las fuentes renovables no convencionales que pueden atender la demanda en épocas de sequía, cuando hay un alto índice de radiación y vientos.

Las convencionales, en la actualidad, no le aportan este concepto al sistema y en el caso de las centrales hidroeléctricas, no disminuyen las emisiones de gases efecto invernadero.

LA FECHA DE LA SUBASTA, EL OTRO DOLOR DE CABEZA

Según el directivo, “el Ministerio de Minas tiene programada la subasta para el próximo 2 de enero. Pero la fecha no es la apropiada. Sin embargo, en la cartera estarían contemplando el cambio de día para realizar el concurso público. Se contempla correr la fecha dos semanas, pero es importante trasladar la cita más tiempo, ya que los bancos necesitan días adicionales para estudiar al detalle cada uno de los proyectos. Los comercializadores no están preparados.

Esto garantizaría la posibilidad de que más interesados entren a la subasta. El Gobierno afirma que no extendería el plazo más allá de dos semanas y justo antes de la otra subasta programada el 24 de enero, que es la del cargo por confiabilidad”.

FUENTE: PORTAFOLIO