El sector eléctrico y el país enfrentan tres grandes retos en el mediano y largo plazo: Hidroituango, Electricaribe y las restricciones. El primero reviste importancia, pues pone en peligro el suministro de energía adecuado ; esto significa que la oferta podría ser sobrepasada por la demanda y su consecuente efecto en el precio y en la confiabilidad. Electricaribe representa un riesgo sistémico para el sector eléctrico. Las restricciones son un problema por resolver en el largo plazo, aunque en el corto plazo resultan demasiado costosas para los usuarios.
Empecemos por Hidroituango, el menor de los problemas, pues su riesgo es gestionable y hasta hoy la mitigación ha sido sobresaliente. Pero es cierto que mientras la hidroeléctrica no esté operando la oferta hidráulica se mantiene constante (de su operación saldrá el 17 % de la generación de la energía del país) y es más probable que las centrales térmicas entren a operar a su máxima capacidad para dar confiabilidad al sistema, lo cual significa necesarios incrementos del precio de energía, pues estas funcionan principalmente a gas y carbón. Este riesgo se acentúa en períodos de eventos climáticos extremos, como podría ser el caso de un Niño fuerte hacia el 2022.
Electricaribe es desde luego un problema grave. Primero, la empresa opera actualmente a pérdida, con un recaudo cercano al 80 %; la diferencia la cubre con su caja. Segundo, no ha podido tener una cobertura óptima a través de contratos bilaterales, por lo que tiene que exponerse a los precios de bolsa. Con el fenómeno de El Niño que se avecina sus pérdidas serán aún mayores, porque deberá pagar en bolsa unos montos muy superiores a los que recuperará en el mercado minorista. Tercero, debido a los problemas de red, las probabilidades de fallo aumentan y con ello el riesgo de interrupción en el suministro.
El tema de las restricciones es también delicado. Las restricciones son limitaciones en la operación del Sistema Interconectado Nacional –SIN–, asociadas a la capacidad de la infraestructura eléctrica, a los criterios de operación del sistema y a la confiabilidad en el suministro. Estas restricciones tienen como propósito cubrir la demanda en condiciones de confiabilidad, por lo que requiere generación obligada para suplir las restricciones. El costo de las restricciones es demasiado elevado, pues se remunera a un precio muy superior al de oferta en bolsa. El hecho es que las restricciones cuestan miles de millones de pesos diarios; según el Informe de Operación del SIN, publicado por XM, durante 2017 el costo total de restricciones ascendió a 1.8 billones de pesos. Las restricciones son un riesgo financiero para el sector y los usuarios, producto de una planeación y operación subóptima del mercado de energía poco sostenible en el largo plazo.
FUENTE: EL COLOMBIANO
Existen pues suficientes razones para que la ministra de Minas y los agentes del sector estén realmente enfocados a solucionar esta problemática, y los anuncios de un “revolcón” en el sistema eléctrico orientándolo más a las energías renovables no convencionales (aunque valdría la pena discutir si esto implica más riesgo y costos al sistema), es un cambio de largo plazo y esto no es aún suficiente para conjurar los peligros y calmar los nervios.