El Gobierno nacional introdujo un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que incluye ocho artículos, con el propósito  de salvar a Electricaribe, la compañía prestadora del servicio de energía eléctrica en los departamentos de la costa que fue intervenida en noviembre de 2016 en medio de una crisis financiera.

Los artículos estipulan una serie de medidas para lograr su sostenibilidad, entre ellas, asumir el pasivo pensional de la empresa.

El artículo más polémico, el 290, estipula la creación de una sobretasa nacional de cuatro pesos por kilovatio hora de energía eléctrica consumido para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, los comerciales e industriales y los no regulados. De acuerdo con el artículo, la sobretasa sería temporal, entraría en vigencia a partir de la expedición del PND y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2022.

Los comercializadores del servicio de energía eléctrica serían los encargados de recaudarla y girarla al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  “Esta sobretasa será destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica de las empresas de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional”, señala el artículo. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, posteriormente, reglamentaría el procedimiento para su cumplimiento.

De acuerdo con Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, con la sobretasa se obtendrían aproximadamente $180.000 millones al año. “El problema de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe es un compromiso de todos los colombianos, que no podemos ser ajenos a la situación de más de 10 millones de usuarios afectados por las dificultades en la prestación del servicio en esa zona del país”, sostuvo.

Avendaño agregó que se requiere una inversión cercana a los $7,1 billones durante los próximos 10 años para que la compañía tenga las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y continuidad.

A favor y en contra

La creación de la sobretasa ha generado múltiples voces a favor y en contra. El senador Fabio Amín, del Partido Liberal, respalda la iniciativa. “Como hombre caribe entro a defender cualquier propuesta que pretenda solucionar el problema que tenemos. Hay situaciones en las que el presupuesto general de la nación se encarga de hacer un equilibrio de equidad con respecto a todo el país”, afirmó.

“Nosotros venimos pagando durante muchos años, a través del presupuesto general, por ejemplo, el aporte que hizo la Nación al metro en la ciudad de Medellín. Muy seguramente, con la apropiación de vigencias futuras, toda la nación aportará para que el proyecto del Metro de Bogotá se haga realidad”, sostuvo.

La senadora Daira Galvis, de Cambio Radical, por su parte, considera que con esta iniciativa la región queda en una “disyuntiva”. “Nosotros como caribes sí queremos una buena empresa, sí queremos una empresa saneada, pero queremos equidad”, afirmó.

Agregó que “no queremos ser responsables de lo que implica un gravamen a unos sectores sociales que, si bien tienen capacidad de pago, no tienen por qué llevar una carga por lo que fue el mal manejo. No tienen por qué cargar ese descalabro del Estado”.

La Senadora afirmó que “el déficit va a seguir si no se mejoran las condiciones de la empresa y no vemos de qué manera las va a mejorar el Estado”. Así mismo, preferiría que estas medidas estuvieran en una ley independiente del PND. “Esto debería ser una ley que reconozca los pasivos y que sea independiente al Plan de Desarrollo. Eso es lo que se acostumbra”, dijo.

El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, también es crítico de iniciativa. “El Gobierno le va a descargar a los estratos 4, 5 y 6 vía tarifas los recursos que debería pagar Gas Natural Fenosa en el déficit generado en la operación de Electricaribe”, sostuvo.

“La situación financiera de la compañía se deriva fundamentalmente de una operación leonina para el Estado colombiano y para los ciudadanos de la costa Caribe por parte del grupo. Las utilidades de la operación se las llevaron para su casa matriz en España y no invirtieron los recursos que deberían haber invertido en la infraestructura, eso es lo que ha conducido al deterioro del servicio de energía eléctrica en el Caribe”, agregó.

Asimismo concluyó que “esos recursos de la sobretasa son para sanear la empresa, hacer las inversiones que no hizo Gas Natural Fenosa y luego entregársela a un operador privado. A mí me parece que eso es una manera equivocada de gestionar un servicio público domiciliario”.

Congresistas de otras regiones, como el Valle del Cauca, también han criticado la sobretasa y han solicitado un trato similar para Emcali.

En ese sentido, el senador Amín, manifestó que es necesario que esta iniciativa no incomode el país. “Creo que hay que dar una importante discusión que le corresponde a la Superintendente de Servicios Públicos que ha propuesto esto como una de las soluciones. Es clave que el país entienda que esta no es una sobretasa excesiva, que no es una sobretasa que luego tendrá una destinación diferente sino que se trata de poder financiar la transición hacia unos nuevos operadores para el servicio de energía en la costa”, manifestó.

Segmentación de la empresa

Recientemente, el Gobierno anunció la segmentación de la compañía en dos empresas que se denominarían Caribe-Sol y Caribe-Mar. Caribe-Sol tendría cerca de 1,2 millones de clientes y haría presencia en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira mientras que Caribe-Mar prestaría el servicio de energía a 1,5 millones de clientes de los  departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.

Amín considera que con la distribución de los departamentos más poblados, con Atlántico en una zona y Bolívar en otra, las empresas serían atractivas para los posibles operadores. “Entendería que se tuvo en cuenta la segmentación del mercado, se tuvo en cuenta el comportamiento de las poblaciones de nuestros departamentos”, manifestó. 

Galvis, por su parte, afirma que la propuesta tiene sentido en la medida de que la empresa sea subdivida equitativamente. “El problema sería que le cargaran toda la carne y la pulpa a una empresa y le dejaran los huesos a otra, entonces, esta inmediatamente nacería muerta. Que no pase lo que ocurrió en el pasado. Y eso fue lo que quebró las dos mejores empresas que tenía la costa, la de Atlántico y la de Bolívar. Les colocaron el fardo de las otras empresas que producían pérdidas. Las que no producían arrastraron a las que sí lo hacían”, sostuvo.