No vio posible la forma de pago presentada por acciones y planteó que se estudie dentro de las mesas de negociación el pago a través de recursos ordinarios.

La Junta Directiva de EPM analizó en su sesión del martes 27 de julio la propuesta del gobernador de Antioquia (e), Luis Fernando Suárez Vélez, de venderle a EPM la participación de la Gobernación y el Idea en la sociedad Hidroeléctrica Ituango, correspondiente al 52,88%, a cambio de una participación directa del ente territorial en la empresa de servicios públicos.

La Junta concluyó que para la Empresa es importante continuar con las mesas de trabajo encargadas del tema, pues consideró “de gran interés la posibilidad de que EPM pueda comprar dicha participación”. Sin embargo, no vio posible la forma de pago presentada por la Gobernación y planteó que se estudie dentro de las mesas de negociación el pago a través de recursos ordinarios.

El negocio, según justificó Suárez en su momento, evitaría un conflicto judicial que puede prolongar un enfrentamiento entre la Sociedad y EPM. En este frente hay otro antecedente clave. La junta directiva de la Sociedad aceptó el 6 de octubre pasado buscar un arreglo directo con EPM para dirimir los conflictos derivados de la contingencia que comenzó en 2018.

Una semana antes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado había negado en segunda instancia el mandamiento de pago contra EPM, exigido por la Sociedad por $117.828 millones, tras los incumplimientos contractuales en la megaobra.

Uno de los puntos de la reclamación es el hito 7 consignado en el contrato Boomt, mediante el cual EPM se comprometió el 30 de marzo de 2011 a efectuar las inversiones para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la futura central.

Este hito contractual consistía en el cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse, lo cual debería ocurrir, a más tardar, el 1 de marzo de 2018. Según la reclamación de la Sociedad, el hito 7 no se cumplió dado que las compuertas de desviación no fueron cerradas, “por cuanto, en contravía de las obligaciones contractuales, ni siquiera fueron instaladas”. La Sociedad añadió que en forma unilateral el contratista modificó los diseños del proyecto y decidió no instalar las compuertas, lo que configuró el incumplimiento.

Julián Vásquez, gerente del Idea, le dijo a EL COLOMBIANO que la reclamación no solo es por el hito siete. Los tres que generarían la activación del tribunal de arbitramento son el hito siete: cierre de compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse a más tardar el 1 de marzo de 2018; el ocho: entrada en operación de la unidad cuatro, lo cual debía ocurrir el 27 de septiembre de 2018; y el nueve: Entrada en operación de la unidad uno, a más tardar, el 24 de junio de 2019.

Para tal fin se activaría un tribunal de arbitramento, mecanismo de resolución judicial pactado en el contrato Boomt.

FUENTE: El Colombiano