Aumento de tarifas, menos inversiones y baja en calidad del servicio, entre las consecuencias.
En el 2017, los distribuidores de energía han recibido del Gobierno 485.000 millones de pesos.
Foto: Javier Agudelo / Archivo EL TIEMPO
Por: Ómar G. Ahumada Rojas 12 de junio 2017 , 12:00 a.m.
De castaño a oscuro pasó la preocupación de los sectores de distribución de energía eléctrica y gas natural por los faltantes quedados este año para los subsidios de los estratos bajos que gira el Gobierno, luego de aprobada la adición presupuestal, proyecto que pasó a sanción presidencial.
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) estima que el faltante para el 2017 quedó en unos 515.000 millones de pesos, con lo cual los recursos alcanzarían hasta agosto.
En cuanto al gas, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) señala que para finalizar el año, los distribuidores del servicio tendrían un déficit cercano a los 400.000 millones de pesos, de cuyo valor solo está financiado el primer trimestre; “algo terrible”, según Orlando Cabrales, presidente del gremio.
En total, sumando que el Gobierno debe cubrir para subsidiar a los estratos bajos, las empresas que atienden el servicio quedaron a la espera de 915.000 millones de pesos de la vigencia 2017, lo que según José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, puede desencadenar un riesgo sistémico para todo el sector eléctrico, ya que puede llevar a muchas empresas a su inviabilidad financiera, toda vez que esos recursos son vitales para su operación.
“Muchas se podrán ver con dificultades para pagar la energía que compran, las tarifas de transmisión nacional y para honrar las garantías que tiene que aportar el mercado. Pueden estar abocados a una situación de limitación de suministro, como la que enfrentó Electricaribe antes de su intervención y liquidación”, advirtió.
Los más afectados son Electricaribe en liquidación, que recibe el 42 por ciento de los subsidios; Empresas Públicas de Medellín (EPM), que tiene el 30 por ciento, y le siguen la Compañía Energética de Occidente y Epsa, filial de la compañía Celsia.
Además, Ángela Montoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), llama la atención sobre la debilidad en la que quedan los pequeños distribuidores y las empresas regionales que no tienen papá que los respalde y les preste mientras tanto.
“Hay empresas que no pueden, y simplemente el no pago de la energía se vuelve un riesgo sistémico”, agregó la directiva.
Entre tanto, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, gremio que representa a los generadores térmicos de energía, recalca que el déficit pone en riesgo a toda la cadena, es decir, a usuarios, distribuidores, comercializadores, transmisores y a los mismos generadores.
No obstante, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, explicó que en las cuentas del Gobierno el déficit del año es de solo 136.000 millones de pesos en energía eléctrica, ya que para el cálculo Asocodis incluye el servicio del último trimestre del año, y ese se liquida en el 2018, por lo cual no se presupuesta en el presente ejercicio.
“La realidad es que iniciamos el año con una brecha enorme y se logró cubrir el déficit que traíamos del 2016, y casi completos los primeros nueve meses del 2017. Para el desfase vamos a solicitar vigencias futuras que nos permitan pagar tan pronto se inicie el 2018”, dijo.
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Sin giros este año
En el 2017, los distribuidores de energía han recibido del Gobierno 485.000 millones de pesos, suma que apenas da para cubrir los 500.000 millones de pesos que les quedó debiendo en el 2016.
Pero, de los recursos del 2017, el sector ya ha tenido que “prestarle” al Gobierno, asumiendo un impacto en sus finanzas, situación que también se podría ver reflejada en el incremento de tarifas a usuarios de estratos 1, 2 y 3, ya que las firmas pueden decidir no seguir asumiendo solas el déficit.
Sin embargo, esta situación podría incrementarles su cartera y las pérdidas de energía.
A mayo, según Manzur, el Gobierno ya les debe 650.000 millones de pesos, y para junio serán 780.000 millones porque cada mes que pasa la cuenta se incrementa en 130.000 millones de pesos.
“Si no hago eso y sigo dando subsidios, se desplazarían inversiones en esas magnitudes, lo que implica deterioro en la calidad del servicio y en las pérdidas de energía”, agregó.
Por su parte, Juan Rafael López Foronda, gerente de Transmisión y Distribución de EPM, dice que a la fecha no les han girado 70.000 millones de pesos, suma que se va sintiendo, así se tenga un respaldo financiero.
“A las demás empresas del país que no pueden tener la solvencia les resulta aún más grave”, planteó como reflexión.
A lo cual agregó que los mercados más expuestos a esta situación son los del sur del país, entre estos las firmas que atienden la operación en Nariño, Putumayo y Cauca, aunque Electricaribe es la primera en recibir los subsidios.
Sistema es insostenible
Ante esta situación, los distribuidores de energía Andesco y Asocodis se reunieron el jueves pasado para analizar las salidas.
“El Gobierno tiene que pensar en cómo mirar su política de subsidios, como lo señala el estudio del DNP”, dice Mauricio López, vicepresidente Técnico de Andesco.
José Camilo Manzur, de Asocodis, recalca que la solución estructural, como ya lo han dicho, es la mala focalización y que se debe revisar el estrato 3 y los subsidios extralegales.
“Deben apropiar los recursos porque no alcanzan ni siquiera hasta el tercer trimestre. Están llevando al sector al abismo. Hay que asignarlos por niveles de pobreza, y el que despilfarre no debe tener subsidio”, agregó.
En todo caso, Orlando Cabrales, presidente de Naturgás, subraya que esta es una carga que no deberían estar asumiendo las empresas. “Si las empresas se ven en una situación financiera tal, esto sí podría generar un impacto tarifario. No podemos ahorcar a las empresas”, advirtió.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu